¿Quién defiende a quien defiende?

Tras realizar varios encuentros en los que pudimos conocer de primera mano la labor de defensoras del territorio y de los Derechos Humanos, nos queríamos preguntar por los mecanismos y redes de solidaridad que se activan para la protección de estas defensoras. ¿De qué forma operan? ¿Hasta qué punto están resultando adecuados? Muchas de las defensoras hacen frente a formas de violencia por motivos de género, como violencia sexual y amenazas, hostigamiento y campañas de difamación vinculadas a su condición de mujer. Ante esta situación, nos planteamos: ¿qué papel podemos desempeñar las entidades del Norte Global para dar apoyo en la defensa en la conflictividad?

Fernando Armendáriz, activista de derechos humanos de Protection International, nos comparte algunas de las claves que es importante considerar. Defender Derechos Humanos significa enfrentarse a poderes económicos, supone una lucha permanente contra todos los tentáculos que emanan del extractivismo. Se trata de una actividad de alto riesgo que, en el caso de las mujeres, cuenta con un extra de vulnerabilidad al no verse siempre acompañadas en su lucha por sus comunidades. En este contexto, Protection International propone un acompañamiento que fortalezca lo comunitario e incida en el ámbito internacional, pasar de los mecanismos de protección a las políticas públicas.

Al abrir el diálogo entre las asistentes, escuchamos testimonios desde distintas posiciones, desde defensoras que se han visto obligadas a alejarse de sus territorios por las amenazas recibidas, a activistas del Norte global que siguen repensando su forma de posicionarse en el tablero global de la solidaridad internacional. En este sentido, se incide en la importancia de revisar los privilegios desde los que partimos para poder hacer un acompañamiento adecuado a las personas que están en primera línea poniendo su cuerpo. Todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido.

Dinámicas que se han visto complejizadas ante una pandemia global por la que muchos Estados han encontrado la excusa perfecta para suspender muchas medidas de protección. Si aplicamos una perspectiva feminista, ligada a necesidades psicoafectivas, justo en momentos como el actual es más importante que nunca fortalecer las medidas de acompañamiento, apoyar en el sostenimiento emocional de defensores y defensoras, yprepararnos para el nuevo embate que se acerca ante una mayor privatización de los bienes comunes.

A más agresiones, más lucha y resistencia. Pero también, no nos olvidemos, más y mejor acompañamiento.

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS BAJO EL ESTADO DE ALARMA

En El Salvador ha habido más de 700 denuncias de violación de derechos humanos desde que se declaró el Estado de Emergencia

Hace unos días tuvimos la oportunidad de escuchar a Antonio Pacheco, director de ADES, Asociación para el Desarrollos Económico y Social de Santa Marta, en El Salvador, quien nos compartió cómo se está viviendo desde el país la situación de confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, subrayando las consecuencias económicas y sociales que están repercutiendo en la población salvadoreña.

A inicios del mes de marzo se decretó el Estado de Emergencia y desde entonces se han identificado más de 700 casos de violación de Derechos Humanos. El caso más extremo es el de las denuncias por violencia machista, que ya alcanzan las 932 desde que se inició el confinamiento. En El Salvador, a dos meses del inicio de Estado de Emergencia, ha habido más muertes por feminicidio que por coronavirus.

En relación a la actividad económica la paralización está teniendo unos efectos muy fuertes. Desde 1823 se ha agudizado cada vez más la influencia que Estados Unidos ejerce no sólo sobre El Salvador, sino sobre muchos otros estados latinoamericanos, imponiendo una manera determinada de hacer las cosas. Por ejemplo, a los gobiernos progresistas del continente, que no están bien vistos por EEUU, se les anula, se les combate o se les niega, sobre todo cuando éstos quieren hacer un uso soberano de los recursos de los que dispone el país. Los casos más extremos son los de Venezuela o Bolivia.

En Centroamérica, bajo el discurso de combatir el narcotráfico y la delincuencia, se controla a los gobiernos para que no actúen en contra de los intereses de las élites estadounidenses. Para ello, se ha establecido una agenda fuerte de explotación de los recursos naturales por parte de las transnacionales. La minería metálica fue la actividad por excelencia por parte de transnacionales americanas, canadienses, australianas y europeas antes de lograr la ley contra este tipo de actividad.

Más de 40 años con estas políticas neoliberales ha implicado que miles de personas hayan sido desplazadas de sus trabajos seguros hacia una actividad informal. Se habla de que entorno a un 80% de la población activa en El Salvador está en la economía informal, lo que significa que tiene que salir cada día a conseguir el sustento de sus familias. Y con el estado de emergencia no lo están pudiendo hacer porque está prohibido salir a la calle.

El gobierno de El Salvador anunció que aportaría un monto de 300$ por familia, una cantidad totalmente insuficiente para suplir las necesidades básicas de una unidad familiar durante los casi 2 meses que llevamos de confinamiento, y aún más en un país donde no hay censo por lo que este dinero no ha llegado a todas las familias, se estima que solo alcanzó al 25% de la población. Cifra muy por debajo de la cantidad de población que subsiste con las actividades informales.

En el ámbito rural las comunidades se enfrentan además a otro tipo de situaciones, por ejemplo, que se suspenda el transporte implica que no pueden ir a las zonas urbanas para proveerse de los recursos básicos para la manutención familiar, para la higiene, para la atención médica o provisiones básicas para enfrentar el confinamiento en el Estado de Emergencia.

Ante esta situación, algunos de los desafíos a los que se enfrenta el país son:

  • El Salvador es una economía dolarizada que perdió la soberanía monetaria, por lo que queda enormemente expuesto a la crisis que probablemente va a enfrentar el dólar estadounidense.
  • En estas crisis siempre hay grupos de poder que tienden a sacar provecho. En este sentido uno de los problemas a los que se enfrenta el país es el aumento del precio de los productos de primera necesidad.
  • El Salvador es un país deteriorado ecológicamente y la actual crisis económica tendrá influencia en esta realidad.
  • Es un país dependiente, en cuanto a que importa una parte muy alta de los alimentos que consume.

Por ello, tal como nos compartió Antonio Pacheco, es fundamental potenciar las organizaciones comunitarias y los liderazgos de mujeres y jóvenes, para que desde las comunidades se conozcan estos retos y se haga frente.

¿Quién defiende a quien defiende?

En todas las regiones del mundo las personas defensoras de derechos humanos corren peligro. Las mujeres, además de los ataques que otros defensores pueden sufrir, hacen frente a formas de violencia por motivos de género, como violencia sexual y amenazas, hostigamiento y campañas de difamación vinculadas a su condición de mujer.

¿Quién defiende a las mujeres defensoras? ¿Qué estrategias de protección se están llevando a cabo? ¿Qué papel podemos desempeñar las entidades del Norte Global para dar apoyo en la defensa en la conflictividad?

Para dar respuesta a estas cuestiones hemos organizado una mesa redonda virtual con la presencia de Marta Ribas, defensora de derechos humanos de El Salvador y Fernando Armendariz, activista de derechos humanos de Protection International.

La sesión se realizará a través la plataforma Jitsi el próximo jueves 4 de junio a las 18h00. Para reservar tu plaza (habrá aforo limitado) y que te informemos de cómo acceder a la sesión, escríbenos a bilbo (arroba) euskadi.isf.es

¡Anímate y nos vemos por las redes!

Sesión: ¿Quién defiende a quién defiende? Estrategias de protección a mujeres defensoras de derechos humanos.

Imparte: Marta Ribas (El Salvador) y Fernando Armendáriz (Euskal Herria)

Fecha: 4 de junio de 2020, jueves

Hora: 18:00 a 19:30 (GMT + 2)

Lugar: sala jitsi (te informamos por correo, previa inscripción)

Idioma: castellano

LO IMPOSIBLE SOLO CUESTA UN POCO MÁS

El mundo ha parado. Gira igual que antes, pero nuestra forma de vivir y relacionarnos ha cambiado drásticamente. En estos momentos, nos detenemos de forma breve para haceros participes de los últimos proyectos que estamos llevando acabo desde Ingeniería Sin Fronteras Euskadi para hacer frente a la pandemia en El Salvador.

El 24 de marzo comenzamos a trabajar en un nuevo proyecto. En estas fechas en España el 14% de los infectados era personal sanitario. Por tanto, pasamos de los aplausos a las acciones. En el estado español estaba empezando a ser notable la falta de EPIs, lo que dispararía aún más esta cifra. En este contexto, la Comunidad Maker, una red de 20.000 personas investigadoras, desarrolladoras e ingenieras se activaron en marzo para atender las necesidades de material contra el virus.

Ingeniería Sin Fronteras Cantabria se unió a esta iniciativa Maker fabricando con sus impresoras 3D máscaras y diademas, entre otros para: Valdecilla, Hospital de Liencres, Residencias de ancianos de Piélagos, Centros de Salud de Piélagos y Santander, supermercados y gasolineras. Desde Enxeñería Sen Fronteiras Galicia, se han centrado en el diseño de respiradores tanto en Galicia como en Honduras donde llevan años realizando proyectos de cooperación internacional.

Gracias a ESF Galicia, nos pusimos manos a la obra con el objetivo de reproducir lo que se estaba haciendo en España en El Salvador. El proyecto se ha dividido en 4 fases.

En la primera de ellas, fue la creación de la red. Aprovechamos estas lineas para agradecer a las organizaciones e instituciones que han sido vitales para llevar acabo el proyecto.

Entre ellas mencionar a la Universidad de El Salvador (UES) y en especial al personal del Laboratorio de Fabricación Digital (FIA LAB) de la UES, los que han trabajado en este proyecto desde el primer momento y siguen exprimiendo al máximo sus impresoras 3D. Estas,  junto a Pedro de Ingeniería Sin Fronteras Andalucía ha formado parte del equipo técnico encargado de la fabricación de viseras antisalpicaduras enfocadas para la protección del personal sanitario.

Para la protección del pueblo salvadoreño y reducir el riesgo de contagio entre la población general, se ha creado un equipo formado por Farmamundi y el Foro Nacional de la Salud, que a través de talleres de confección de voluntarias se encargan de la fabricación de mascarillas.

En la segunda fase, se han analizado multitud de proyectos que han sido rediseñados y mejorados tanto para las mascarillas como para las viseras. Junto a esto, se ha estudiado en ambos casos el material a utilizar teniendo en cuenta la disponibilidad del mismo y las especificaciones que permitan la desinfección para su reutilización.

A la fecha de la creación de este artículo, las mascarillas se encuentran en este punto. Se están realizando pruebas en los laboratorios de la UES para poder determinar el protocolo de  desinfección adecuado para ser reutilizadas.

La tercera fase ha consistido en la validación de las viseras ante el Ministerio de Salud de El Salvador. Para esto se realizaron tres pruebas piloto que obtuvieron resultados satisfactorios. Con esto se da el OK para la utilización del material por el personal sanitario, en tiempos de emergencia sanitaria.

Por ultimo, en la cuarta fase y tras haber recibido el visto bueno del Ministerio, se da paso a producir los sistemas de protección. Se han conseguido fabricar y entregar cerca de 500 viseras, que han sido donadas al Hospital Nacional Saldaña, ISSS Amatepec, Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, entre otros.

UES entregó mascarillas para personal médico de Hospital Saldaña

#VIDEO #TVUESLa Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES, a través del Laboratorio de Fabricación Digital de la Escuela de Ingeniería Industrial, entregó 100 mascaras de protección para personal médico que trabaja en el Hospital Saldaña durante la emergencia por el COVID-19

Gepostet von TV UES am Dienstag, 7. April 2020
Fuente: https://www.facebook.com/fialab.ues/

Finalmente, agradecer a todas las personas voluntarias y al equipo que sigue trabajando duro, por que:

LO IMPOSIBLE SOLO CUESTA UN POCO MÁS

Entrega de material y formación al personal sanitario
Entrega de material

ADES Santa Marta pide que se respeten los DDHH en la gestión de la pandemia

Ante la situación que estamos viviendo, desde ISF-MGI también queremos abrir espacios para escuchar la voz desde otros territorios y otros medios que nos cuentan cómo están enfrentando la pandemia del COVID-19. Desde hace años acampañamos el trabajo que realiza la organización ADES-Santa Marta, que junto a otras organizaciones salvadoreñas han emitido un comunicado donde exigen que la gestión de esta pandemia no suponga un nuevo paso en la vulneración de derechos humanos que se vive en el país centroamericano. “Como organizaciones de derechos humanos, hacemos un llamado a la ciudadanía en general y a la comunidad internacional, a estar vigilantes sobre el ejercicio del poder que se realiza en el contexto de la pandemia COVID-19, el cual debe estar apegado al respeto y cumplimiento de derechos”.

Aquí te compartimos el comunicado completo: “Por el respeto de los Derechos Humanos de la población”

Por el respeto de los Derechos Humanos de la población

Con el COVID-19 el mundo está ante una situación sin antecedentes conocidos, los países enfrentan una complejidad donde quizá ninguno estaba preparado, El Salvador no es la excepción. El gobierno salvadoreño que inició el 1 de junio de 2019, no dio continuidad a algunas políticas públicas de su antecesor; eso sucedió en materia de salud; hasta hoy no se conoce una nueva política en la materia. Así nos encontró la pandemia. El gobierno ha adoptado medidas relativas al control de personas que ingresan al país, procedentes de otros países, como también severos controles internos, en aras de disminuir el contagio del COVID-19. Nos preocupan los efectos negativos en la población salvadoreña, derivados de algunas decisiones tomadas, ante lo cual expresamos:

I. Sin duda alguna, la crisis de salud que vive la humanidad entera, demanda de medidas extremas y oportunas adoptadas por parte de los gobiernos en su calidad de Estados nacionales; no obstante, las medidas que se tomen para afrontar la pandemia COVID-19 deben ejecutarse dentro del marco constitucional de colaboración y actuación complementaria entre los distintos órganos que integran nuestra institucionalidad. Siendo así, no es aceptable anular vía decreto las actuaciones que por mandato constitucional deben cumplir las instituciones en el ejercicio de sus funciones y atribuciones que son la esencia de nuestro sistema republicano. Menos admisible, es limitar los derechos fundamentales de las personas sin atender criterios específicos como el de necesidad y proporcionalidad que han sido ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional y por los sistemas de protección de los Derechos Humanos.

II. La superación de las condiciones de emergencia sanitaria requiere la suma de todas las capacidades instaladas del Estado, la sociedad civil, organizaciones nacionales e internacionales que brindan un apoyo estratégico y fundamental. La anulación de la institucionalidad del Estado, concentrando todo el poder en la toma de decisiones y manejo de la información en el Órgano Ejecutivo, no es la mejor forma de afrontar la crisis de la pandemia COVID-19, en la que todos 2 debemos sumar. El funcionariado estatal no está proporcionando la información adecuada y oportuna a la población, ni permite a la prensa que haga preguntas sobre el problema; al contrario, ya se registran varios casos en que periodistas se han visto amenazados por realizar su trabajo, esto pese a que el decreto legislativo de restricción no ha limitado la libertad de expresión y de prensa.

III. Más preocupante aún, es pretender la anulación por decreto de las atribuciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos –PDDH-, institución que por mandato constitucional es responsable de observar el cumplimiento de derechos por parte del poder estatal, una de las tres instituciones que con base en el Art. 191 de la Cn. y siguientes, conforman el Ministerio Público, junto con la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República. Vemos con preocupación que las otras dos instituciones fueron mencionadas expresamente en el Decreto 12 del Ministerio de Salud y en la normativa que emitió la Policía Nacional Civil, para atender la emergencia del COVID-19, pero se ha invisibilizado a la PDDH, ya sea por omisión o intención ha quedado fuera del decreto que atiende esta medida emergente. No procede que mediante una ley secundaria, y menos por un decreto ejecutivo, se pueda suprimir, modificar o desconocer las facultades constitucionales de una institución como la PDDH, cuyo rol es fundamental en observar el cumplimiento de derechos por parte del Estado salvadoreño.

IV. En la aplicación del Decreto Ejecutivo en el Ramo de Salud número 12 debe respetarse lo establecido en el artículo 11 de la Constitución, el cual prescribe que: “ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa”. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos claro que un agente de autoridad –ya sea policía o militar- no tiene atribuciones ni criterios médicos para determinar si una persona debe ser detenida y sujeta a cuarentena, las personas detenidas deberían ser remitidas a un establecimiento de salud para revisar su condición de salud. Las detenciones realizadas por los agentes de autoridad están fuera de nuestro marco constitucional y deben suspenderse de manera inmediata. Con el agravante de que ya se registran abusos de algunos agentes de autoridad contra la población.

V. Relatores Especiales y miembros de comités y grupos de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instaron recientemente a los Estados a evitar que los planes de emergencia para atender el COVID-19, no pueden utilizarse para reprimir los derechos humanos. Han sostenido que «Si bien reconocemos la gravedad de la actual crisis de salud y que el Derecho Internacional permite el uso de poderes de emergencia en respuesta a amenazas significativas, recordamos urgentemente a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria» . En ese contexto, instamos al gobierno salvadoreño a retomar las recomendaciones en el sentido de, asegurar que todas las acciones del gobierno no puedan en ningún momento contrariar la Constitución de la República, ni el marco internacional de los derechos humanos.

VI. Es necesario mejorar la forma en la que se comunican, transparentan e implementan, las acciones del gobierno para evitar que se continúe actuando de manera improvisada y atentatoria a los derechos humanos de la población, en especial, de aquella población más vulnerable. Las acciones que se ejecuten deben contar con protocolos de acción claros, ya que la emisión de diversas normativas confunde a la población; sirva de ejemplo, la forma de establecer, ante la autoridad, la designación familiar para abastecerse de alimentos y/o medicamentos, situación que fue solventada después de haberse realizado decenas de capturas ilegales. Igual ocurre con trabajadores-as del sector informal que no encuentran manera de obtener un documento que les acredite ante los agentes de autoridad, que el motivo que les obliga a andar en la calle obedece a la necesidad legítima de ganarse el sustento diario.

VII. Es atentatorio para la legalidad e institucionalidad de El Salvador, las acostumbradas órdenes que, incluso siendo algunas ilegales y otras ambiguas y, por tanto, de difícil cumplimiento, emite el presidente de la República ya sea por redes sociales o por cadenas de medios de comunicación. Sus adláteres: ministros, ministras, secretarios y todo tipo de funcionario, al cumplir esas órdenes de forma automática, sin revisar su pertinencia constitucional o legal, podrían estar cometiendo arbitrariedades en contra de la población. Mientras, ésta se debate en la incertidumbre, por falta de precisión de las normas legales que le son aplicables, lo que provoca falta de seguridad jurídica.

VIII. Reconocemos que el gobierno, el presidente de la República, en su interés de evitar el aumento del número de personas afectadas por el COVID-19 utiliza la coerción y uso de la fuerza. Accionar que sin reglas claras para la PNC y la Fuerza Armada, podrían resultar desproporcionales y atentatorias a los Derecho Humanos, y por ende inconstitucional e ilegal. Debe suspenderse de forma inmediata, el envío de mensajes que provocan temor a la población; consideramos oportuno se revise la estrategia de comunicación implementada por el gobierno; pues se debería enviar mensajes reales y claros sobre la realidad que vivimos, pero sin provocar terror colectivo, teniendo en cuenta que las condiciones de salud emocional de la población se encuentran deterioradas. La generación de condiciones de confianza en la población es necesaria para promover la cooperación.

Como organizaciones de derechos humanos, hacemos un llamado a la ciudadanía en general y a la comunidad internacional, a estar vigilantes sobre el ejercicio del poder que se realiza en el contexto de la pandemia COVID-19, el cual debe estar apegado al respeto y cumplimiento de derechos. Reiteramos nuestra disponibilidad e interés de apoyar en la superación de la difícil situación nacional y mundial existente, reafirmando la necesidad de respetar el marco legal establecido, principalmente la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

San Salvador, 26 de marzo de 2020.

Comunicado: EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA EN EL SALVADOR

Algunas organizaciones políticas, sindicales y sociales hemos firmado un comunicado conjunto para rechazar el intento de autogolpe de estado perpetrado por el presidente de El Salvador. Nayib Bukele militarizó la Asamblea y violentó el estado constitucional de derecho para forzar a este órgano legislativo a actuar y decidir según su voluntad.

En el pasado 9 de febrero en El Salvador el presidente Nayib Bukele convocó arbitraria y unilateralmente a la Asamblea Legislativa para obligar al órgano legislativo a la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la ejecución de la denominada 3ª fase del Plan de Control Territorial contra la delincuencia. Ante la inasistencia del quorum necesario, Nayib Bukele se presentó en la Asamblea Legislativa con la fuerza militar y policial en un innegable intento de intimidación y presión a este poder del estado.

Frente a ello hacemos un llamado para que:

  • El presidente de la República, Nayib Bukele, respete las rutas constituidas a través de la seguridad y legalidad jurídica y mantenga la paz y el diálogo político, garantizando la independencia de poderes y la institucionalidad democrática del país.
  • Que en sus funciones, procure armonía social y canales de coordinación con la Asamblea Legislativa, respetando los principios que rigen la Constitución de El Salvador.
  • Al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, a priorizar en todo momento la seguridad jurídica y la paz al pueblo salvadoreño.
  • A la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a ejercer el control constitucional que corresponde en estos casos y la exigencia de responsabilidades al Presidente del país ante este intento de autogolpe de estado y uso y abuso del órgano legislativo.

Hacemos un llamado desde la solidaridad internacional para que se respete el orden constitucional en El Salvador, se haga frente a la creciente militarización y se garantice la paz social y justa para el pueblo salvadoreño.

Foto de Argia

Armas para hablar con Dios vía Twitter

Estaba viendo las imágenes de la acción contra la colaboración de la UPV/EHU con la industria armamentísticas y recordando el resto las acciones que se han venido haciendo entorno a “La guerra empieza aquí” en Euskadi. Instintivamente me salta la pregunto si alguna de esas armas o piezas tecnológicas que se ingenian en Euskadi viajarán a México para después ser vendidas a El Salvador, que las pagaría con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Digo pagaría porque la Asamblea Legislativa no ha aceptado el préstamo de 109 millones de dólares que el Presidente del Gobierno, Nayib Bukele, quiere para comprar entre otros un buque, algún que otro helicóptero y varias decenas de drones. Dice que con eso va a combatir la violencia que campa a sus anchas por el país. Nada que ver con las desigualdades históricas o estructurales. Según él no. Por eso reduce en educación, salud y todos los programas sociales. Pero aumenta el presupuesto en políticas de mano dura y publicidad para el gobierno. Sí, publicidad.

El Presidente que no acepta un no. El Presidente que dijo traer Nuevas Ideas continua amenazando, militarizando y reprimiendo. El Presidente que no da ruedas de prensa y que hace las cosas por Twitter se ha mosqueado. Y es que en realidad quizás su objetivo no es conseguir ese dinero (1).

En diciembre de 2019 La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó una amnistía fiscal que favorecerá a empresas y personas naturales deudoras al Ministerio de Hacienda. Recaudarán más de 100 millones, pero se estima que están perdonando a quienes más tienen y quienes más deben, alrededor de 600 millones. Nayib Bukele firmó ese acuerdo. Podría parecer entonces que sobra el dinero.

Si por dinero no es, quizás pueda ser por ansías de poder. Quizás por querer cambiar la Constitución para perpetuarse (2). Demostrarle al mundo que él puede hacer lo que quiera. Es impune. Esconde escándalo tras escándalo,incapacidad de su gabinete, corrupción, falta de transparencia… con escándalos más grandes. Hasta el punto que se ha atrevido a irrumpir en la Asamblea Legislativa con militares y sentarse en el lugar asignado al del Presidente de la Asamblea. Algunos rumores dicen que sí, que estaba decidido a tomarlo todo. Pero que fue tanto el alboroto internacional y de aliados suyos que a última hora tuvo que calmarse. No porque Dios le hablase y le pidiese paciencia, si no porque ni siquiera los golpistas internacionales más conocidos de Latinoamérica le apoyaron. Le dijeron que era demasiado lo que estaba haciendo. Así que él, que hace menos de un año dijo no profesar ninguna religión, ahora habla con Dios. Y lo más extraño, Dios le habla a él.

Fuente: EPA

La Asamblea sigue pidiendo la separación de poderes y que el Presidente del gobierno entienda que no puede forzar ninguna decisión en el Salón Azul. Menos, entrar tomando a broma la democracia que costó años de dictaduras y una guerra civil de 12 años (1980-1992) en la que los militares fueron responsables de las masacres más grandes de Latinoamérica. ¡Qué poca memoria!.

El tercer poder aunque ha tardado un poco, ya se pronunció. La Corte Suprema ha declarado inconstitucional el accionar de Bukele. Incluso le prohíbe continuar usando la fuerza. Pero esto ya no tiene marcha atrás. Bukele que a siete meses de tomar el poder aún no tiene un plan de gobierno, ha mostrado quién es y no se va a conformar con que las instancias internacionales, la Corte Suprema, la población civil o ese presunto Dios con el que ahora habla le diga que “paciencia” o que “¡así no!”.

Se vienen tiempos revueltos en un país donde la violencia ha marcado su historia, su memoria colectiva y sus luchas. En el pasado y en el presente. Luchas por la consecución de derechos, luchas por la no militarización. Eslogan que ya marca el próximo 8 de marzo “feministas contra el militarismo y en defensa de un estado laico”.

(1) Siete claves para entender la crisis de poderes en El Salvador

(2) “Podría pensar que esta tensión creada no es por el préstamo, sino porque se pretende cambiar la Constitución”

Visita a la universidad

El pasado 25 de julio fuimos a visitar la Universidad de El Salvador (UES). Me fascinaron las zonas verdes del campus, los espacios que tienen las estudiantes para organizarse. Las reivindicaciones y memoria de las paredes… En camino a la Facultad de Eléctrica nos encontramos con un homenaje a las alumnas que en el año 70 el gobierno salvadoreño asesinó: baile, discurso crítico, memoria, un movimiento de estudiantes estructurado… Después, nos reunimos con Zetino, el director de Energías renovables de la Facultad de Eléctrica, en un laboratorio.  En el laboratorio había dos placas fotovoltaicas de diferente tecnología, inversores y microinversores. En los inversores pudimos ver la potencia creada por las placas que están en el tejado de la facultad; una de las placas era de base giratoria con el sol y las demás fijas. Es por eso que la rotativa daba mayor potencia. La diseñaron alumnas de la universidad, y el motor se alimentaba con la misma energía que crea la placa para hacerla rotar. En cuanto a los inversores, nos comentó que se suele poner uno por cada serie de paneles, pero en caso de los microinversores era uno por cada panel. Para terminar, examinamos las placas que estaban en el laboratorio y aprendimos físicamente a hacer conexiones. Una de las placas era de silicio policristalino y la otra era un hibrido de varios materiales.

Para terminar la visita, le hablamos del sistema de bombeo de agua aislado que estamos diseñando para Buena Vista, ya que ellas también quieren poner la universidad al servicio de las comunidades en un futuro cercano.

Una mirada feminista a la accesibilidad al agua en contextos rurales de El Salvador

Compartimos el siguiente artículo de nuestra compañera Eva Pérez-Pons

Mujeres y agua son dos conceptos que van de la mano; hoy en día todavía son las mujeres quienes se ocupan principalmente del trabajo reproductivo a nivel mundial. Sin embargo, la accesibilidad que tenemos para obtener el agua no es la misma si reparamos al Norte y al Sur Globales. De la misma manera, dicha accesibilidad no es la misma en las zonas rurales o en las urbanas.

Este verano, hemos tenido la oportunidad de asistir a varias charlas y talleres sobre agua y la brecha de género, en las cuales además de reflexionar sobre la situación de las mujeres de las zonas rurales en El Salvador, hemos tenido la oportunidad de (re)pensar estrategias para hacer frente a esas situaciones. Uno de esos talleres lo ofreció la economista feminista Julia Evelyn en la comunidad salvadoreña de Santa Marta. En esa charla, para hacer un análisis del contexto social, nos centramos en la parte de abajo (la que no se ve) del iceberg: en el trabajo de los cuidados. Ya que, sin examinar eso, cualquier análisis queda incompleto. Los trabajos de cuidado están presentes en todas las etapas vitales (desde que nacemos hasta que morimos). La economía feminista reivindica vivir todas esas etapas de una manera digna. Esto es, que las necesidades fisiológicas (respirar, alimentarse de una manera apropiada, beber agua de calidad, tener una sexualidad segura…) y las de seguridad (un hábitat seguro, afectividad, socialización y educación, confianza…) estén aseguradas.

Como hemos mencionado anteriormente, las necesidades fisiológicas y de seguridad necesitan del trabajo de los cuidados. Cuidados como el autocuidado, el cuidado a personas dependientes y cuidado colectivo. Sin olvidar el cuidado a quien cuida. Para que esos cuidados se lleven a cabo de una manera adecuada, Evelyn expone que tienen que garantizarse tres condiciones: la continuidad de los ciclos naturales (ciclo del agua, oxígeno, plantas…), los recursos (tiempo, conocimiento – cómo cuidar a personas que requieren de cuidados especiales- , y la infraestructura – luz, agua…) y la ética de los cuidados (una conciencia individual y colectiva de los cuidados). Sin ellas, esto es, si el espacio donde se lleva a cabo la vida se debilita, la sostenibilidad de la vida entra en crisis.

En este artículo vamos a poner la mirada en el acceso al agua, para ver de qué manera ésta repercute en las mujeres de zona rural del Sur Global. Si examinamos el acceso al agua de El Salvador de 2017, se puede observar que hay grandes diferencias entre el ámbito rural y el urbano. El total de habitantes que tenían acceso a agua por tubería era el 88,3 %. De los cuales el 95,5 % vivía en zona urbana y 6,5 % en zona rural. En cambio, la población que se abastece por pozo fue de un 6,5 %, el 11,7 % de ellas pertenecían al ámbito rural y el 2,9 % al urbano. De todas formas, eso no garantiza la calidad del agua potable. Debido a la mala gestión y las leyes que tiene el estado salvadoreño sobre el agua, el bien queda en manos de empresas privadas y no se trata. Hoy en día, el 90 % del agua está contaminada, y a lo que se refiere al tratamiento, en 2017 sólo el 12,8 % de la población la trataba de alguna manera (cocer el agua, pasarla por un filtro, clorarla…), de ese porcentaje, el 11,3 % vivía en zona urbana y el 15,5 % en zona rural. El 70,3 % de la población no le hacía ningún tipo de tratamiento (64,7 % es de zona rural y 88,4 % de zona urbana), y el 16,9 % de la población compraba agua embotellada, de las cuales el 4,1 % era de zona rural y el 24 % de zona urbana (DYGESTIC, 2017). A esos problemas hay que sumarle el estrés climático que han provocado la deforestación y el cambio climático.

La falta de agua tiene consecuencias directas en el día a día y en las vidas de las mujeres, pues son éstas quienes se encargan de los trabajos reproductivos, y en consecuencia, quienes se encargan de acarrear el agua. Porque el agua es necesaria para todo: para hacer la colada, lavar los platos, preparar la comida, limpiar la casa y asearse, beber… Si no hay una infraestructura que asegure el acceso al agua, son las mujeres y las niñas quienes se encargan de traer el agua del río o del pozo, eso o llevar los trabajos domésticos a las fuentes naturales. Todo eso tiene consecuencias en la salud, educación, y en la participación en espacios colectivos de las mujeres, así como en su seguridad. Al mismo tiempo, como son ellas quienes sufren las consecuencias de la falta de agua, cuando la privatización del agua amenaza, son ellas quienes lideran las luchas.

Para hacer frente a esa situación, se ha empezado a instalar sistemas de bombeo aislado por energía solar en las comunidades. Es curioso ver cómo los hombres empiezan a involucrarse en la obtención del agua cuando se pone una infraestructura, pero cuando las fórmulas de obtenerla son precarias todo el peso recae en las mujeres.

Por otra parte, los sistemas aislados necesitan de una buena gestión después de haber sido instaladas para que puedan sobrevivir; esto es, la comunidad tiene que ser capaz de hacer frente a los problemas que pueda traer el sistema. Es por eso que es importante implicar a la población en el proceso, y que entienda el funcionamiento entero del sistema. Estos sistemas están hechos para mejorar la vida de la gente, para hacer frente a las necesidades del hogar. Si el agua se utiliza para alimentar animales, regar campos, limpiar vehículos…. Los sistemas no pueden abastecer a toda la comunidad porque el agua es un recurso limitado, y el sistema también. Para esas actividades hay que poner en marcha alternativas como recoger el agua de lluvia o reciclar la que se ha usado.

Al comienzo de este texto, se ha mencionado que una de las reivindicaciones de la economía feminista es vivir todas las etapas de la vida con dignidad. Los sistemas aislados facilitan las condiciones que se necesitan para que se cubran las necesidades fisiológicas y de seguridad, pero con la simple instalación del sistema no es suficiente. Las mujeres son conscientes del esfuerzo que hacen diariamente, y las consecuencias que conlleva sobre ellas. Para hacer frente a la situación, es necesario implicar a los hombres en procesos de concienciación y en tareas de cuidados, ya que, de lo contrario, la carga de trabajo de las mujeres se puede duplicar, y en el peor de los casos hasta triplicar.

Bombeos de agua con energía solar en El Salvador

En El Salvador el coste de la energía eléctrica es muy elevado. Con la privatización del servicio de la energía eléctrica las tarifas se incrementaron en un 900% (en enero de 1997 el Kwh consumido costaba 12 centavos y en diciembre 1,19 colones). Este encarecimiento provocó que muchos sistemas de agua potable de las comunidades fracasaran, otros decayeran sensiblemente y solo algunos subsisten con gran precariedad.

El pliego tarifario divide el consumo residencial en tres grupos. El primero lo constituyen los hogares que utilizan entre 0 y 99 kw/h, el segundo abarca demandas de entre 100 y 199 kw/h, mientras el tercer grupo cubre de 200 kw/h en adelante. Los sistemas de agua comunitarios que necesitan de bombeo para abastecerse entran en este tercer grupo de consumo donde el precio promedio del kilovatio se sitúa en 0,15$, llegándose a pagar facturas de alrededor de los 500$. Tarifas difíciles de pagar incluso en sistemas de más de 100 hogares abastecidos.

Ante esta situación está aumentando el interés por realizar bombeos de agua con energía solar. El bombeo solar aprovecha la energía solar durante el día para llenar el sistema de acumulación y luego utilizarlo cuando sea requerido. De este modo, se evita el uso de baterías muy contaminantes y caras, se simplifica el sistema eléctrico y se optimiza el aprovechamiento de la energía solar.

Aprovechando una visita de intercambio de conocimiento entre las Universidades de País Vasco y El Salvador de Esther, voluntaria de ISF Euskadi, hemos apoyado en el entendimiento y capacitación del sistema de bombeo solar del cantón de El Rodeo. El Rodeo es un cantón de la Comunidad de Santa Marta (municipio Victoria) con la que Ingeniería Sin Fronteras llevamos años trabajando en diversidad de temáticas. Tanto personas de la comunidad como técnicas y técnicos de nuestra contraparte local y otros agentes colaboradores, venían durante todo el año anterior planteando dudas en el diseño  técnico de este bombeo y de otros posibles proyectos en los que sustituir la electricidad proveniente de la red por energía solar.

En las capacitaciones se explicó en qué consiste el sistema, tanto la parte hidráulica como la parte eléctrica, se profundizó en las ventajas que tiene este sistema frente al eléctrico y se habló del mantenimiento que requiere.

Otra comunidad interesada en sustituir la electricidad proveniente de la red por energía solar  Buena Vista, en el municipio de Suchitoto. En esta comunidad hay un bombeo de agua conectado a la red eléctrica. Este bombeo tiene en la actualidad unos costes fijos mayores que los ingresos que recibe, aún cobrando el agua por encima de la media nacional, precio que a sus beneficiarias, en su mayoría dedicadas a la agricultura de autosuficiencia, con pocos ingresos monetarios, les cuesta pagar.

Eva, una voluntaria de ISF que viajará a El Salvador este verano, está realizando el diseño técnico de la fuente de energía de la bomba de agua como Trabajo de Fin de Grado de sus estudios de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.