Una defensa de la vida desde una apuesta colectiva de la vida No estamos solas. Es el título del documental pero también es la idea que nos quisieron transmitir María Aizpuru y Marta Rivas en el coloquio posterior. La violencia y vulneración de derechos humanos que sufren las defensoras de derechos humanos no son casos […]
La defensa de los derechos es un camino duro y lleno de obstáculos para muchas mujeres de Mesoamérica. Las mujeres defensoras en Mesoamerica son objeto de continuas amenazas que en algunos casos acaban en asesinato. El caso más mediático fue el de Berta Cáceres en 2016, asesinada por su defensa de los bienes comunes, del derecho al agua y del pueblo indígena lenca. El documental No estamos solas, en el que ha participado ADES (Asociación de Desarrollo Económico y Social) y el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), nos acerca a la realidad de algunas mujeres defensoras de derechos humanos que diariamente se enfrentan a todo tipo de amenazas.
Desde ISF os invitamos a esta sesión de cine-foro el próximo jueves 26 de noviembre en la que después de ver el documental, conversaremos con María Aizpuru, su directora, y Marta Ribas, defensora de derechos humanos de El Salvador.
Sesión: No estamos solas. Cine-foro documental sobre las mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica.
Fecha: jueves 26 de noviembre
Hora: 18:00-20:00 (GMT + 2)
Lugar: plataforma jitsi (online)
Idioma: castellano
Inscripciones: bilbo@euskadi.isf.es
Artículo escrito por Aitor Artaraz
En la segunda hora del día 16 de octubre tuvimos la suerte de tener la continuación acerca de la charla sobre Tecnologías para el Desarrollo Humano. Después de que Joseba nos explicara todo de una forma más teórica, en la segunda hora Iratxe nos compartió un caso práctico de El Salvador.
El caso práctico se sitúa en El Salvador, en concreto en la comunidad rural de El Rodeo, en el departamento Cabañas. Allí el objetivo era poner agua corriente a sus habitantes puesto que no la tenían y debían andar unos 10-15 minutos para ir a coger agua al pozo. El Salvador es un pequeño país que está en Centroamérica y que tiene una orografía montañosa y volcánica. Iratxe nos contó que al estar muy cerca del ecuador la tempera apenas oscilaba durante todo el año y que era muy constante en torno a los 25ºC debido a su clima tropical. A pesar de eso, el clima se divide en dos partes, en la época de lluvias y en la seca, cada una de ellas suele durar medio año y eso conlleva a 1800 mm de lluvia anual.
El proyecto de El Rodeo se basa en crear una red de agua mediante ayuda comunitaria, cada uno escoge un trabajo y ayuda a la comunidad. Para ayudar tienen distintas asociaciones como ADES (Asociación de Desarrollo Económico y Social), ADESCO (Asociación de Desarrollo comunal de El Rodeo), una organización de mujeres “Las Mariposas”. Aparte de eso, tienen la escuela de primaria de El Rodeo, el ayuntamiento de Victoria y el centro de salud de Santa Marta. Para empezar un proyecto como éste se necesita agua obviamente y en El Salvador usan un manantial. Desde allí mediante un sistema de cañerías se transporta el agua a un tanque de 25 m3, desde ese tanque se bombea mediante energía solar a otro tanque que se encuentra en una altura mayor (50 m3). Allí, se potabiliza el agua mediante un sistema de cloración y después de eso gracias a un sistema basado en gravedad se distribuye a todos los hogares. El sistema de bombeo es completamente solar, por lo tanto es un sistema completamente renovable y ayuda a bombear agua entre los depósitos que tienen una diferencia de altitud de 150 metros.
Por otro lado, en un sistema de este tipo se necesita también un sistema de saneamiento. Si no se hace un buen sistema puede ocasionar muchos problemas y para solucionar esto crearon unas biojardineras que purifican las aguas grises en unas más limpias. Es una solución sencilla pero muy efectiva.
Después de hablarnos sobre este caso práctico nos planteó unas ideas que la mayoría de las personas tenemos y nos explicó cómo son en realidad. Una de las ideas fue que muchos piensan que las Tecnologías para el Desarrollo Humano son solo para el sur, es decir países que no están tan desarrollados como pueden ser Estados Unidos o Alemania pero eso no es cierto. Otra de las creencias es que creemos que la tecnología es lo que nos va a salvar pero vemos que un uso inadecuado de la tecnología es exactamente lo que nos puede llegar a destruir.
Para acabar el seminario, hicimos una dinámica de grupo en la cual nos plantearon unas preguntas y entre todos teníamos que responder. Personalmente me gustó mucho este seminario debido a que estoy estudiando Ingenierías Renovables y creo que de esta forma podré ayudar a cuidar del planeta. El proyecto de El Salvador me parece muy bonito ya que todo lo que se consigue es gracias a los vecinos y un gran trabajo en equipo.
Tras realizar varios encuentros en los que pudimos conocer de primera mano la labor de defensoras del territorio y de los Derechos Humanos, nos queríamos preguntar por los mecanismos y redes de solidaridad que se activan para la protección de estas defensoras. ¿De qué forma operan? ¿Hasta qué punto están resultando adecuados? Muchas de las defensoras hacen frente a formas de violencia por motivos de género, como violencia sexual y amenazas, hostigamiento y campañas de difamación vinculadas a su condición de mujer. Ante esta situación, nos planteamos: ¿qué papel podemos desempeñar las entidades del Norte Global para dar apoyo en la defensa en la conflictividad?
Fernando Armendáriz, activista de derechos humanos de Protection International, nos comparte algunas de las claves que es importante considerar. Defender Derechos Humanos significa enfrentarse a poderes económicos, supone una lucha permanente contra todos los tentáculos que emanan del extractivismo. Se trata de una actividad de alto riesgo que, en el caso de las mujeres, cuenta con un extra de vulnerabilidad al no verse siempre acompañadas en su lucha por sus comunidades. En este contexto, Protection International propone un acompañamiento que fortalezca lo comunitario e incida en el ámbito internacional, pasar de los mecanismos de protección a las políticas públicas.
Al abrir el diálogo entre las asistentes, escuchamos testimonios desde distintas posiciones, desde defensoras que se han visto obligadas a alejarse de sus territorios por las amenazas recibidas, a activistas del Norte global que siguen repensando su forma de posicionarse en el tablero global de la solidaridad internacional. En este sentido, se incide en la importancia de revisar los privilegios desde los que partimos para poder hacer un acompañamiento adecuado a las personas que están en primera línea poniendo su cuerpo. Todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido.
Dinámicas que se han visto complejizadas ante una pandemia global por la que muchos Estados han encontrado la excusa perfecta para suspender muchas medidas de protección. Si aplicamos una perspectiva feminista, ligada a necesidades psicoafectivas, justo en momentos como el actual es más importante que nunca fortalecer las medidas de acompañamiento, apoyar en el sostenimiento emocional de defensores y defensoras, yprepararnos para el nuevo embate que se acerca ante una mayor privatización de los bienes comunes.
A más agresiones, más lucha y resistencia. Pero también, no nos olvidemos, más y mejor acompañamiento.
En El Salvador ha habido más de 700 denuncias de violación de derechos humanos desde que se declaró el Estado de Emergencia
Hace unos días tuvimos la oportunidad de escuchar a Antonio Pacheco, director de ADES, Asociación para el Desarrollos Económico y Social de Santa Marta, en El Salvador, quien nos compartió cómo se está viviendo desde el país la situación de confinamiento debido a la pandemia del COVID-19, subrayando las consecuencias económicas y sociales que están repercutiendo en la población salvadoreña.
A inicios del mes de marzo se decretó el Estado de Emergencia y desde entonces se han identificado más de 700 casos de violación de Derechos Humanos. El caso más extremo es el de las denuncias por violencia machista, que ya alcanzan las 932 desde que se inició el confinamiento. En El Salvador, a dos meses del inicio de Estado de Emergencia, ha habido más muertes por feminicidio que por coronavirus.
En relación a la actividad económica la paralización está teniendo unos efectos muy fuertes. Desde 1823 se ha agudizado cada vez más la influencia que Estados Unidos ejerce no sólo sobre El Salvador, sino sobre muchos otros estados latinoamericanos, imponiendo una manera determinada de hacer las cosas. Por ejemplo, a los gobiernos progresistas del continente, que no están bien vistos por EEUU, se les anula, se les combate o se les niega, sobre todo cuando éstos quieren hacer un uso soberano de los recursos de los que dispone el país. Los casos más extremos son los de Venezuela o Bolivia.
En Centroamérica, bajo el discurso de combatir el narcotráfico y la delincuencia, se controla a los gobiernos para que no actúen en contra de los intereses de las élites estadounidenses. Para ello, se ha establecido una agenda fuerte de explotación de los recursos naturales por parte de las transnacionales. La minería metálica fue la actividad por excelencia por parte de transnacionales americanas, canadienses, australianas y europeas antes de lograr la ley contra este tipo de actividad.
Más de 40 años con estas políticas neoliberales ha implicado que miles de personas hayan sido desplazadas de sus trabajos seguros hacia una actividad informal. Se habla de que entorno a un 80% de la población activa en El Salvador está en la economía informal, lo que significa que tiene que salir cada día a conseguir el sustento de sus familias. Y con el estado de emergencia no lo están pudiendo hacer porque está prohibido salir a la calle.
El gobierno de El Salvador anunció que aportaría un monto de 300$ por familia, una cantidad totalmente insuficiente para suplir las necesidades básicas de una unidad familiar durante los casi 2 meses que llevamos de confinamiento, y aún más en un país donde no hay censo por lo que este dinero no ha llegado a todas las familias, se estima que solo alcanzó al 25% de la población. Cifra muy por debajo de la cantidad de población que subsiste con las actividades informales.
En el ámbito rural las comunidades se enfrentan además a otro tipo de situaciones, por ejemplo, que se suspenda el transporte implica que no pueden ir a las zonas urbanas para proveerse de los recursos básicos para la manutención familiar, para la higiene, para la atención médica o provisiones básicas para enfrentar el confinamiento en el Estado de Emergencia.
Ante esta situación, algunos de los desafíos a los que se enfrenta el país son:
Por ello, tal como nos compartió Antonio Pacheco, es fundamental potenciar las organizaciones comunitarias y los liderazgos de mujeres y jóvenes, para que desde las comunidades se conozcan estos retos y se haga frente.
En todas las regiones del mundo las personas defensoras de derechos humanos corren peligro. Las mujeres, además de los ataques que otros defensores pueden sufrir, hacen frente a formas de violencia por motivos de género, como violencia sexual y amenazas, hostigamiento y campañas de difamación vinculadas a su condición de mujer.
¿Quién defiende a las mujeres defensoras? ¿Qué estrategias de protección se están llevando a cabo? ¿Qué papel podemos desempeñar las entidades del Norte Global para dar apoyo en la defensa en la conflictividad?
Para dar respuesta a estas cuestiones hemos organizado una mesa redonda virtual con la presencia de Marta Ribas, defensora de derechos humanos de El Salvador y Fernando Armendariz, activista de derechos humanos de Protection International.
La sesión se realizará a través la plataforma Jitsi el próximo jueves 4 de junio a las 18h00. Para reservar tu plaza (habrá aforo limitado) y que te informemos de cómo acceder a la sesión, escríbenos a bilbo (arroba) euskadi.isf.es
¡Anímate y nos vemos por las redes!
Sesión: ¿Quién defiende a quién defiende? Estrategias de protección a mujeres defensoras de derechos humanos.
Imparte: Marta Ribas (El Salvador) y Fernando Armendáriz (Euskal Herria)
Fecha: 4 de junio de 2020, jueves
Hora: 18:00 a 19:30 (GMT + 2)
Lugar: sala jitsi (te informamos por correo, previa inscripción)
Idioma: castellano
El mundo ha parado. Gira igual que antes, pero nuestra forma de vivir y relacionarnos ha cambiado drásticamente. En estos momentos, nos detenemos de forma breve para haceros participes de los últimos proyectos que estamos llevando acabo desde Ingeniería Sin Fronteras Euskadi para hacer frente a la pandemia en El Salvador.
El 24 de marzo comenzamos a trabajar en un nuevo proyecto. En estas fechas en España el 14% de los infectados era personal sanitario. Por tanto, pasamos de los aplausos a las acciones. En el estado español estaba empezando a ser notable la falta de EPIs, lo que dispararía aún más esta cifra. En este contexto, la Comunidad Maker, una red de 20.000 personas investigadoras, desarrolladoras e ingenieras se activaron en marzo para atender las necesidades de material contra el virus.
Ingeniería Sin Fronteras Cantabria se unió a esta iniciativa Maker fabricando con sus impresoras 3D máscaras y diademas, entre otros para: Valdecilla, Hospital de Liencres, Residencias de ancianos de Piélagos, Centros de Salud de Piélagos y Santander, supermercados y gasolineras. Desde Enxeñería Sen Fronteiras Galicia, se han centrado en el diseño de respiradores tanto en Galicia como en Honduras donde llevan años realizando proyectos de cooperación internacional.
Gracias a ESF Galicia, nos pusimos manos a la obra con el objetivo de reproducir lo que se estaba haciendo en España en El Salvador. El proyecto se ha dividido en 4 fases.
En la primera de ellas, fue la creación de la red. Aprovechamos estas lineas para agradecer a las organizaciones e instituciones que han sido vitales para llevar acabo el proyecto.
Entre ellas mencionar a la Universidad de El Salvador (UES) y en especial al personal del Laboratorio de Fabricación Digital (FIA LAB) de la UES, los que han trabajado en este proyecto desde el primer momento y siguen exprimiendo al máximo sus impresoras 3D. Estas, junto a Pedro de Ingeniería Sin Fronteras Andalucía ha formado parte del equipo técnico encargado de la fabricación de viseras antisalpicaduras enfocadas para la protección del personal sanitario.
Para la protección del pueblo salvadoreño y reducir el riesgo de contagio entre la población general, se ha creado un equipo formado por Farmamundi y el Foro Nacional de la Salud, que a través de talleres de confección de voluntarias se encargan de la fabricación de mascarillas.
En la segunda fase, se han analizado multitud de proyectos que han sido rediseñados y mejorados tanto para las mascarillas como para las viseras. Junto a esto, se ha estudiado en ambos casos el material a utilizar teniendo en cuenta la disponibilidad del mismo y las especificaciones que permitan la desinfección para su reutilización.
A la fecha de la creación de este artículo, las mascarillas se encuentran en este punto. Se están realizando pruebas en los laboratorios de la UES para poder determinar el protocolo de desinfección adecuado para ser reutilizadas.
La tercera fase ha consistido en la validación de las viseras ante el Ministerio de Salud de El Salvador. Para esto se realizaron tres pruebas piloto que obtuvieron resultados satisfactorios. Con esto se da el OK para la utilización del material por el personal sanitario, en tiempos de emergencia sanitaria.
Por ultimo, en la cuarta fase y tras haber recibido el visto bueno del Ministerio, se da paso a producir los sistemas de protección. Se han conseguido fabricar y entregar cerca de 500 viseras, que han sido donadas al Hospital Nacional Saldaña, ISSS Amatepec, Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, entre otros.
Finalmente, agradecer a todas las personas voluntarias y al equipo que sigue trabajando duro, por que:
LO IMPOSIBLE SOLO CUESTA UN POCO MÁS
Ante la situación que estamos viviendo, desde ISF-MGI también queremos abrir espacios para escuchar la voz desde otros territorios y otros medios que nos cuentan cómo están enfrentando la pandemia del COVID-19. Desde hace años acampañamos el trabajo que realiza la organización ADES-Santa Marta, que junto a otras organizaciones salvadoreñas han emitido un comunicado donde exigen que la gestión de esta pandemia no suponga un nuevo paso en la vulneración de derechos humanos que se vive en el país centroamericano. “Como organizaciones de derechos humanos, hacemos un llamado a la ciudadanía en general y a la comunidad internacional, a estar vigilantes sobre el ejercicio del poder que se realiza en el contexto de la pandemia COVID-19, el cual debe estar apegado al respeto y cumplimiento de derechos”.
Aquí te compartimos el comunicado completo: “Por el respeto de los Derechos Humanos de la población”
Por el respeto de los Derechos Humanos de la población
Con el COVID-19 el mundo está ante una situación sin antecedentes conocidos, los países enfrentan una complejidad donde quizá ninguno estaba preparado, El Salvador no es la excepción. El gobierno salvadoreño que inició el 1 de junio de 2019, no dio continuidad a algunas políticas públicas de su antecesor; eso sucedió en materia de salud; hasta hoy no se conoce una nueva política en la materia. Así nos encontró la pandemia. El gobierno ha adoptado medidas relativas al control de personas que ingresan al país, procedentes de otros países, como también severos controles internos, en aras de disminuir el contagio del COVID-19. Nos preocupan los efectos negativos en la población salvadoreña, derivados de algunas decisiones tomadas, ante lo cual expresamos:
I. Sin duda alguna, la crisis de salud que vive la humanidad entera, demanda de medidas extremas y oportunas adoptadas por parte de los gobiernos en su calidad de Estados nacionales; no obstante, las medidas que se tomen para afrontar la pandemia COVID-19 deben ejecutarse dentro del marco constitucional de colaboración y actuación complementaria entre los distintos órganos que integran nuestra institucionalidad. Siendo así, no es aceptable anular vía decreto las actuaciones que por mandato constitucional deben cumplir las instituciones en el ejercicio de sus funciones y atribuciones que son la esencia de nuestro sistema republicano. Menos admisible, es limitar los derechos fundamentales de las personas sin atender criterios específicos como el de necesidad y proporcionalidad que han sido ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional y por los sistemas de protección de los Derechos Humanos.
II. La superación de las condiciones de emergencia sanitaria requiere la suma de todas las capacidades instaladas del Estado, la sociedad civil, organizaciones nacionales e internacionales que brindan un apoyo estratégico y fundamental. La anulación de la institucionalidad del Estado, concentrando todo el poder en la toma de decisiones y manejo de la información en el Órgano Ejecutivo, no es la mejor forma de afrontar la crisis de la pandemia COVID-19, en la que todos 2 debemos sumar. El funcionariado estatal no está proporcionando la información adecuada y oportuna a la población, ni permite a la prensa que haga preguntas sobre el problema; al contrario, ya se registran varios casos en que periodistas se han visto amenazados por realizar su trabajo, esto pese a que el decreto legislativo de restricción no ha limitado la libertad de expresión y de prensa.
III. Más preocupante aún, es pretender la anulación por decreto de las atribuciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos –PDDH-, institución que por mandato constitucional es responsable de observar el cumplimiento de derechos por parte del poder estatal, una de las tres instituciones que con base en el Art. 191 de la Cn. y siguientes, conforman el Ministerio Público, junto con la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República. Vemos con preocupación que las otras dos instituciones fueron mencionadas expresamente en el Decreto 12 del Ministerio de Salud y en la normativa que emitió la Policía Nacional Civil, para atender la emergencia del COVID-19, pero se ha invisibilizado a la PDDH, ya sea por omisión o intención ha quedado fuera del decreto que atiende esta medida emergente. No procede que mediante una ley secundaria, y menos por un decreto ejecutivo, se pueda suprimir, modificar o desconocer las facultades constitucionales de una institución como la PDDH, cuyo rol es fundamental en observar el cumplimiento de derechos por parte del Estado salvadoreño.
IV. En la aplicación del Decreto Ejecutivo en el Ramo de Salud número 12 debe respetarse lo establecido en el artículo 11 de la Constitución, el cual prescribe que: “ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa”. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos claro que un agente de autoridad –ya sea policía o militar- no tiene atribuciones ni criterios médicos para determinar si una persona debe ser detenida y sujeta a cuarentena, las personas detenidas deberían ser remitidas a un establecimiento de salud para revisar su condición de salud. Las detenciones realizadas por los agentes de autoridad están fuera de nuestro marco constitucional y deben suspenderse de manera inmediata. Con el agravante de que ya se registran abusos de algunos agentes de autoridad contra la población.
V. Relatores Especiales y miembros de comités y grupos de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instaron recientemente a los Estados a evitar que los planes de emergencia para atender el COVID-19, no pueden utilizarse para reprimir los derechos humanos. Han sostenido que «Si bien reconocemos la gravedad de la actual crisis de salud y que el Derecho Internacional permite el uso de poderes de emergencia en respuesta a amenazas significativas, recordamos urgentemente a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria» . En ese contexto, instamos al gobierno salvadoreño a retomar las recomendaciones en el sentido de, asegurar que todas las acciones del gobierno no puedan en ningún momento contrariar la Constitución de la República, ni el marco internacional de los derechos humanos.
VI. Es necesario mejorar la forma en la que se comunican, transparentan e implementan, las acciones del gobierno para evitar que se continúe actuando de manera improvisada y atentatoria a los derechos humanos de la población, en especial, de aquella población más vulnerable. Las acciones que se ejecuten deben contar con protocolos de acción claros, ya que la emisión de diversas normativas confunde a la población; sirva de ejemplo, la forma de establecer, ante la autoridad, la designación familiar para abastecerse de alimentos y/o medicamentos, situación que fue solventada después de haberse realizado decenas de capturas ilegales. Igual ocurre con trabajadores-as del sector informal que no encuentran manera de obtener un documento que les acredite ante los agentes de autoridad, que el motivo que les obliga a andar en la calle obedece a la necesidad legítima de ganarse el sustento diario.
VII. Es atentatorio para la legalidad e institucionalidad de El Salvador, las acostumbradas órdenes que, incluso siendo algunas ilegales y otras ambiguas y, por tanto, de difícil cumplimiento, emite el presidente de la República ya sea por redes sociales o por cadenas de medios de comunicación. Sus adláteres: ministros, ministras, secretarios y todo tipo de funcionario, al cumplir esas órdenes de forma automática, sin revisar su pertinencia constitucional o legal, podrían estar cometiendo arbitrariedades en contra de la población. Mientras, ésta se debate en la incertidumbre, por falta de precisión de las normas legales que le son aplicables, lo que provoca falta de seguridad jurídica.
VIII. Reconocemos que el gobierno, el presidente de la República, en su interés de evitar el aumento del número de personas afectadas por el COVID-19 utiliza la coerción y uso de la fuerza. Accionar que sin reglas claras para la PNC y la Fuerza Armada, podrían resultar desproporcionales y atentatorias a los Derecho Humanos, y por ende inconstitucional e ilegal. Debe suspenderse de forma inmediata, el envío de mensajes que provocan temor a la población; consideramos oportuno se revise la estrategia de comunicación implementada por el gobierno; pues se debería enviar mensajes reales y claros sobre la realidad que vivimos, pero sin provocar terror colectivo, teniendo en cuenta que las condiciones de salud emocional de la población se encuentran deterioradas. La generación de condiciones de confianza en la población es necesaria para promover la cooperación.
Como organizaciones de derechos humanos, hacemos un llamado a la ciudadanía en general y a la comunidad internacional, a estar vigilantes sobre el ejercicio del poder que se realiza en el contexto de la pandemia COVID-19, el cual debe estar apegado al respeto y cumplimiento de derechos. Reiteramos nuestra disponibilidad e interés de apoyar en la superación de la difícil situación nacional y mundial existente, reafirmando la necesidad de respetar el marco legal establecido, principalmente la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
San Salvador, 26 de marzo de 2020.
Algunas organizaciones políticas, sindicales y sociales hemos firmado un comunicado conjunto para rechazar el intento de autogolpe de estado perpetrado por el presidente de El Salvador. Nayib Bukele militarizó la Asamblea y violentó el estado constitucional de derecho para forzar a este órgano legislativo a actuar y decidir según su voluntad.
En el pasado 9 de febrero en El Salvador el presidente Nayib Bukele convocó arbitraria y unilateralmente a la Asamblea Legislativa para obligar al órgano legislativo a la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la ejecución de la denominada 3ª fase del Plan de Control Territorial contra la delincuencia. Ante la inasistencia del quorum necesario, Nayib Bukele se presentó en la Asamblea Legislativa con la fuerza militar y policial en un innegable intento de intimidación y presión a este poder del estado.
Frente a ello hacemos un llamado para que:
Hacemos un llamado desde la solidaridad internacional para que se respete el orden constitucional en El Salvador, se haga frente a la creciente militarización y se garantice la paz social y justa para el pueblo salvadoreño.
Estaba viendo las imágenes de la acción contra la colaboración de la UPV/EHU con la industria armamentísticas y recordando el resto las acciones que se han venido haciendo entorno a “La guerra empieza aquí” en Euskadi. Instintivamente me salta la pregunto si alguna de esas armas o piezas tecnológicas que se ingenian en Euskadi viajarán a México para después ser vendidas a El Salvador, que las pagaría con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Digo pagaría porque la Asamblea Legislativa no ha aceptado el préstamo de 109 millones de dólares que el Presidente del Gobierno, Nayib Bukele, quiere para comprar entre otros un buque, algún que otro helicóptero y varias decenas de drones. Dice que con eso va a combatir la violencia que campa a sus anchas por el país. Nada que ver con las desigualdades históricas o estructurales. Según él no. Por eso reduce en educación, salud y todos los programas sociales. Pero aumenta el presupuesto en políticas de mano dura y publicidad para el gobierno. Sí, publicidad.
El Presidente que no acepta un no. El Presidente que dijo traer Nuevas Ideas continua amenazando, militarizando y reprimiendo. El Presidente que no da ruedas de prensa y que hace las cosas por Twitter se ha mosqueado. Y es que en realidad quizás su objetivo no es conseguir ese dinero (1).
En diciembre de 2019 La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó una amnistía fiscal que favorecerá a empresas y personas naturales deudoras al Ministerio de Hacienda. Recaudarán más de 100 millones, pero se estima que están perdonando a quienes más tienen y quienes más deben, alrededor de 600 millones. Nayib Bukele firmó ese acuerdo. Podría parecer entonces que sobra el dinero.
Si por dinero no es, quizás pueda ser por ansías de poder. Quizás por querer cambiar la Constitución para perpetuarse (2). Demostrarle al mundo que él puede hacer lo que quiera. Es impune. Esconde escándalo tras escándalo,incapacidad de su gabinete, corrupción, falta de transparencia… con escándalos más grandes. Hasta el punto que se ha atrevido a irrumpir en la Asamblea Legislativa con militares y sentarse en el lugar asignado al del Presidente de la Asamblea. Algunos rumores dicen que sí, que estaba decidido a tomarlo todo. Pero que fue tanto el alboroto internacional y de aliados suyos que a última hora tuvo que calmarse. No porque Dios le hablase y le pidiese paciencia, si no porque ni siquiera los golpistas internacionales más conocidos de Latinoamérica le apoyaron. Le dijeron que era demasiado lo que estaba haciendo. Así que él, que hace menos de un año dijo no profesar ninguna religión, ahora habla con Dios. Y lo más extraño, Dios le habla a él.
La Asamblea sigue pidiendo la separación de poderes y que el Presidente del gobierno entienda que no puede forzar ninguna decisión en el Salón Azul. Menos, entrar tomando a broma la democracia que costó años de dictaduras y una guerra civil de 12 años (1980-1992) en la que los militares fueron responsables de las masacres más grandes de Latinoamérica. ¡Qué poca memoria!.
El tercer poder aunque ha tardado un poco, ya se pronunció. La Corte Suprema ha declarado inconstitucional el accionar de Bukele. Incluso le prohíbe continuar usando la fuerza. Pero esto ya no tiene marcha atrás. Bukele que a siete meses de tomar el poder aún no tiene un plan de gobierno, ha mostrado quién es y no se va a conformar con que las instancias internacionales, la Corte Suprema, la población civil o ese presunto Dios con el que ahora habla le diga que “paciencia” o que “¡así no!”.
Se vienen tiempos revueltos en un país donde la violencia ha marcado su historia, su memoria colectiva y sus luchas. En el pasado y en el presente. Luchas por la consecución de derechos, luchas por la no militarización. Eslogan que ya marca el próximo 8 de marzo “feministas contra el militarismo y en defensa de un estado laico”.
(1) Siete claves para entender la crisis de poderes en El Salvador
