Mónica García
El agua es un recurso escaso que debemos cuidar. Es una frase que resuena en nuestras mentes, pero es difícil que el verdadero valor del agua pese en nuestras conciencias hasta que experimentamos su escasez o falta de saneamiento.
De esta forma, tendemos a no conocer ni seguir de cerca la gestión de un recurso que hace posible la vida.
¿Pero qué ocurre cuando la falta de agua de calidad condiciona las vidas de toda una comunidad? ¿Qué pasa cuando un Estado no se hace responsable de cumplir su función de garantizar este Derecho Humano?
De la mano de Ever Hernández hemos podido conocer cómo una circunstancia así se concreta en muchas comunidades del Salvador, donde la escasez y dificultad de acceso a agua en condiciones de saneamiento les forzó a organizarse para crear Juntas de Agua.
Estas organizaciones comunitarias llevan años luchando por un acceso de suficiente frecuencia de agua a los hogares, mejorando la calidad de vida de miles de personas. Más concretamente la de mujeres y niños, a menudo responsables de llevar el agua a hogares sin pozos cercanos en estos contextos. Aún realizando una labor que le corresponde al Gobierno, sufren una persecución legal y fiscal por parte del mismo.
Es en escenarios como este cuando la contaminación de un río por parte de empresas e industrias privadas pasa de impacto ambiental a vulneración directa de la salud de comunidades enteras, habiendo encontrado, como la profesora Miren Martinez nos transmitió en primera persona, concentraciones muy altas de diversas partículas tóxicas.
Nuestro acceso a agua corriente no es solo algo de lo que ‘estar agradecidos’. Debemos mentalizarnos de la verdadera conexión que existe entre el agua, nuestras vidas y las estructuras que la gestionan.
