Hablamos de la realidad de la comunidad de Santa Marta ante la detención de los lideres comunitarios

El 18 de marzo de 1981, siete mil personas del municipio de Victoria, en el departamento de Cabañas, escapaban a través del Río Lempa de un operativo del Destacamento Militar II y la Guardia Nacional que quemaban casas y cosechas, torturaron a los pobladores y eran atacados por aire y tierra mientras huían por el punto conocido como Piedras Coloradas hacia Honduras, en busca de refugio. 

Esta “Masacre del Río Lempa” cometida por el ejército gubernamental, los cuerpos de seguridad y los paramilitares ha querido ser esclarecida por la comunidad, pero en vez de eso, la fiscalía ha enmascarado la investigación para acusar a 5 miembros de la comunidad de la muerte de una mujer ocurrida años después de la masacre.  ¿Cómo es que la misma instancia a la que se le reclama la aclaración de la masacre de la población civil termina denunciando a miembros de la comunidad demandante?

Este caso es una revictimización de la comunidad de Santa Marta, como comentabas, la comunidad fue víctima de varias masacres cometidas durante el conflicto armado, entre estas la masacre del río Lempa, consignada en el informe de la verdad de la ONU. La comunidad por años ha demandado y exigido al estado Salvadoreño que se haga justicia y que se investigue, y en vez de procesar a los autores de estos crímenes, el sistema judicial monta un caso contra líderes de la comunidad de Santa Marta y de ADES

¿Qué argumentos están usando para atribuirles el delito de “Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad”? ¿Hay alguna prueba de ello?

A los compañeros se les acusa de haber cometido un asesinato en agosto de 1989, y la fiscalia lo maneja como crímen de Lesa Humanidad. Pero la principal prueba que presenta la fiscalía es el relato contradictorio de un supuesto testigo de referencia, que ha dicho en un momento que presenció los hechos y que después dijo que le habían contado.

Si podemos decir que casi no hay pruebas, entonces ¿cómo explicamos el proceso jurídico? ¿Hay un contexto particular en el que enmarquéis esta situación? 

Ocurre que a mediados del año 2022 llegaron fiscales a la comunidad diciendo que en esta ocasión sí se iba a investigar las masacres ocurridas en Santa Marta, y se reunieron con los líderes comunitarios. Y resulta que el 11 de enero de 2023 por orden de la fiscalía general de la república llegaron a la comunidad Santa Marta  y a la oficina de ADES a detener a 5 compañeros.  Por lo que durante ese tiempo estuvieron investigando para hacer el montaje del caso, ya que no contestaron al teléfono para asistir a la comunidad.

Tras esta detención se estuvo un año entero en instrucción para que la Fiscalía reuniera pruebas que respaldan su acusación, algo que a la fecha todavía no han conseguido. En mayo de 2023 fueron a la comunidad durante 5 días a hacer la exhumación de la Osamenta pero no fue encontrado el cuerpo.

Desde enero a septiembre del 2023 los compañeros estuvieron encarcelados y desde septiembre a la fecha están en arresto domiciliar gracias a una audiencia especial que se realizó en agosto. La audiencia de revisión de medidas se consiguió por toda la presión que se hizo a nivel de la comunidad, de las organizaciones sociales en El Salvador y también internacionales por el delicado estado de salud.

Desde su captura el caso ha sufrido multitud de irregularidades, por ejemplo el caso se ha mantenido en reserva, no se ha podido hablar abiertamente cosas específicas del caso. Tampoco se ha cumplido del debido proceso, en un momento dijeron que el caso no estaba bajo el régimen de excepción, pero en base a los plazos que se han manejado sí que estaría bajo el régimen.  Además, se hizo cambio interno de magistrados, y durante los 8 meses que estuvieron en la cárcel no tuvieron acceso a las reuniones con el abogado, ni visitas de familiares. En abril de 2024 se desarrolló la audiencia preliminar en la cual los compañeros debían quedar en libertad por falta de pruebas. Pero el caso pasó a vista pública, y  se está a espera que den la fecha y esto podría tardar hasta julio o más. 

Tanto la captura como todas las irregularidades que acontecen el caso evidencian que no es una cuestión jurídica sino política, más concretamente por el interés de reactivar la Minería Metálica y el papel clave que tuvieron los compañeros en la pasada lucha antiminera en El Salvador y para la aprobación de la Ley en contra de la Minería Metálica en 2017. 

¿Qué intereses hay detrás de la reactivación de la minería y de derogar la ley?

Actualmente El Salvador es un país con una gran deuda económica, que por la gestión del actual gobierno sólo va en aumento. Además, el dinero que tiene o las deudas que solicita los invierte en megaproyectos que limpian su imagen y fortalecen el discurso oficial de que El Salvador es un país desarrollado gracias a su gobierno. 

Por ejemplo, se ha construido una la Biblioteca Nacional, que sobre todo es una biblioteca turística para hacer uso de ella, ya que las comunidades rurales no podemos acceder a este tipo de construcciones que se está haciendo, no podemos viajar desde el campo a la ciudad para ir a la biblioteca. También han hecho construcciones el Puerto de la Libertad, otras construcciones turísticas a las que las zonas rurales no podemos acceder. Sin embargo, estos megaproyectos han implicado un desplazamiento forzado de la gente que vivía y trabajaba en esas zonas. 

Detrás de esta fachada y sensación de falso desarrollo lo que se está haciendo o se quiere hacer es pagar esas deudas vendiendo el país, los bienes naturales que lo sostienen y le dan la vida como el agua, minerales, gas etc. Creemos que la minería es una forma de poder acceder a recursos económicos sin importar lo que va a dejar a las comunidades y cómo se pone en riesgo la vida y la biodiversidad.

Hoy día hay indicios de la posible reactivación de la minería. Por ejemplo, algunas personas de las comunidades nos han contado que ha llegado gente a alquilar pedazos de tierra a precios que están por encima del precio del mercado y que ya están en la zona donde anteriormente estaba el proyecto de minería, de la anterior lucha que hubo.

Y si se retomara la minería ¿Qué impactos sociales y medioambientales acarrearía la derogación o la reforma de la ley?

En cuanto a impactos sociales, siempre que ha habido minería ha habido mucha violencia. En la anterior lucha antiminera que se hizo en El Salvador, lastimosamente, en el 2009 asesinaron a 3 líderes ambientalistas, Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto, una compañera que estaba embarazada por oponerse a estos proyectos mineros. También, promueven la individualidad en las comunidades. 

El Salvador es el país más pequeño en territorio, el más poblado y con el ecosistema más deteriorado en Centroamérica. La Franja Norte de El Salvador cuenta con la mayoría de los depósitos de oro y plata del país. En Cabañas hay metales y minerales en concentraciones muy bajas, por lo que para explotarlos se necesita una tecnología agresiva con el medio ambiente. Implica utilizar unos 900.000 litros de agua por día y dos toneladas de metales pesados y químicos por como cianuro que desembocarían en aguas contaminadas. Al contaminarse el agua, estaríamos atentando a la agricultura, la ganadería, la pesca y sobre todo a la salud de las personas. A pesar de que en El Salvador el 90% de los ríos y quebradas están contaminados, esto vendría a agravar más la situación y a poner en riesgo la vida de la población.

¿Qué herramientas jurídico-económicas están operando en el territorio que puedan ser utilizadas para reactivar la minería? ¿Qué implicaciones tienen a medio-largo plazo en el territorio?

Por ejemplo, desde el 2022 tenemos régimen de excepción y aún sigue vigente. Es una herramienta que mete miedo a la gente para que no se manifieste en contra de estos proyectos. También hay indicios de reactivación de la minería metálica, como la incorporación de El Salvador en el Foro intergubernamental sobre minería y en la creación de la ley hidrocarburos y minas. También se han asignado 4.5 millones de dólares en el presupuesto estatal de 2023 para revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería. Estás serían las herramientas que se están manejando actualmente.

También tenemos la ley general de recursos hídricos, donde no hay límite para la explotación de agua y también existen las Zonas Económicas Especiales que podrían ser utilizadas para la compra de tierras y poder hacer la minería sin restricciones medioambientales y tampoco el pago de impuestos. Para que la empresa tenga las condiciones favorables en el territorio para operar. 

Esto repercutiría negativamente a la población, no sólo por la contaminación del agua mencionada con anterioridad, sino que la falta de regulación acarrearía condiciones de trabajo precarias y probablemente la militarización de la zona. Esto es especialmente dañino para las mujeres y niñas que se ven desplazadas al ámbito privado a causa del aumento de la violencia de género y el cambio de los patrones de ocio.

¿Cómo ha afectado a la comunidad de Santa Marta la detención de líderes de referencia?

Santa Marta fue una comunidad que vivió masacres en la Guerra Civil. Desde entonces la comunidad ha exigido justicia y memoria histórica, recibiendo el silencio y rechazo por parte del Estado Salvadoreño. Sin embargo, este caso ha vuelto a reabrir heridas no sanadas del pasado obligando a la Comunidad de Santa Marta a vivir una revictimización. Santa Marta por ser una comunidad que ha reivindicado sus derechos y que ha exigido también han querido callarla. De hecho, el año pasado Cabañas tuvo cerco militar, limitando que las personas se desplazaran libremente en el territorio. 

La detención ha sido un golpe emocionalmente duro para la comunidad, pero que a la vez, cuando está claro que es un hecho injusto y que hay un trasfondo político también se lucha y hace incidencia. En este caso, la solidaridad internacional y las organizaciones en El Salvador han jugado un papel muy importante. 

Está claro que ahora mismo requiere de mucha valentía enfrentarse a la lucha de los DDHH. Ante esa situación, ¿Cómo se ha organizado la comunidad, qué estrategias de resistencia resaltarías? 

Una de las primeras cosas que hizo la comunidad fue que cuando llegaron el 11 de Enero a la 1 de la mana a la comunidad, se avisó que estaban pidiendo captura y la gente de la comunidad salió y no dejaron ir a los compañeros, bloquearon a la policía, hasta que la fiscalía dijera el motivo del por qué se estaban llevando a los compañeros. Hubo una reacción inmediata, no importando que era en la madrugada, la gente sale y dice, no vamos dejar que se lleven a los compañeros mientras la fiscalía no lea la orden. Yo creo que se defendió el derecho de saber. Luego, otra cosa muy importante es que la comunidad siempre ha estado respaldando en todo momento, ya sea en conferencias de prensa, en foros, en marchas, en plantones… manteniendo el caso en los medios de comunicación y en las audiencias permaneciendo ahí, dando esa solidaridad a las familias, permaneciendo todo el día en las conferencias, y también, algo que se resalta es la experiencia de la lucha antiminera, como la articulación que hubo de las organizaciones sociales en el salvador y de los aliados internacionales que apoyaron. 

Entonces ha habido estrategia jurídica, estrategia de comunicación, estrategia política y estrategia económica también. Esto, para que el caso trascienda 250 organizaciones internacionales se pronuncien, una relatoría de la ONU se pronunció en 3 ocasiones y también el caso ha llegado al CIDH. Además, en la audiencia preliminar hubo presencia de diferentes embajadas como la embajada de francia, canadá y también hubo representación de la  coordinadora de las organizaciones de cooperación . 

El lema de “Santa Marta no estás sóla” ha sido reconfortante. La solidaridad internacional ha sido muy importante para la comunidad de Santa Marta. Es por esto que animo a las personas que nos lean a que sigan el caso y que compartan, para divulgar este tipo de noticias, de las injusticias que están ocurriendo en El Salvador.

Este proceso ha afectado sobre todo a las familias de las personas capturadas pero al mismo tiempo la comunidad también se ha visto involucrada ¿Cómo se ha articulado la comunidad para sostener a quienes sostienen a las personas capturadas?

Como los compañeros detenidos eran quienes aportan a sostener la economía familiar, por ejemplo, algunos compañeros son jornaleros y no han podido trabajar. Por eso la comunidad se ha organizado apra aportar a las familias, y también se ha tenido apoyo en atención psicosocial para la familia y para los compañeros que estuvieron 8 meses en cárceles en condiciones precarias, con mala alimentación, sin poder dormir… 

En este sentido ¿Qué retos enfrenta la comunidad  a la hora de ejercer la defensa del territorio?

El reto es seguir adelante defendiendo el territorio a pesar de todo el desgaste físico, emocional y económico que está sucediendo. También hay que hacer frente al espionaje y persecución que se da en los plantones y en las manifestaciones. Pero sobre todo al  miedo de ser capturados bajo el régimen de excepción y mantenerse  firmes. Mantenerse firmes y reivindicando los derechos.

Para terminar ¿Cómo se encuentra el proceso judicial actualmente?  ¿Qué perspectivas hay?

En este momento se está a la espera del juicio de la vista pública, que habiendo hecho unas apelaciones para que dejen sin validez el proceso, esperamos que sea sobre el mes de julio.  Puede pasar cualquier cosa, lo que sí tenemos claro nosotras es que han de ser declarados inocentes y puestos en libertad, ya que no existe ninguna prueba que avale la acusación. 

Muchas gracias

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